Es motivo de profunda preocupación el debate actual en torno a la posible baja de la edad para la imputabilidad de menores en nuestro país. Entendemos que esta medida plantea serias implicaciones sociales y éticas que deben ser cuidadosamente consideradas.
Resulta alarmante la perspectiva de que niños y adolescentes puedan enfrentar consecuencias legales penales desde temprana edad, en lugar de recibir el apoyo y orientación necesarios para su desarrollo integral. Creemos firmemente que la solución a la violencia y la delincuencia juvenil no radica en castigar más temprano, sino en abordar las causas subyacentes de estas conductas.
Es imperativo priorizar la inversión en políticas públicas que promuevan un entorno seguro y saludable para los menores, brindando acceso a un hogar digno, educación de calidad, oportunidades laborales y acompañamiento psicosocial. Estos factores son fundamentales para prevenir la marginalización y la exclusión social, contribuyendo a la construcción de una sociedad más justa y equitativa.
Lamentablemente, observamos cómo algunos sectores de la opinión pública y los medios de comunicación respaldan la propuesta de bajar la edad de imputabilidad, sin profundizar en las causas estructurales de la problemática ni considerar alternativas más efectivas y humanitarias.
Instamos a la reflexión crítica y al diálogo informado sobre este tema tan sensible, con el objetivo de promover soluciones integrales y respetuosas de los derechos de los menores. Es responsabilidad de todos velar por el bienestar y el futuro de las nuevas generaciones, garantizando un ambiente propicio para su desarrollo pleno y saludable.
Nos comprometemos a seguir abogando por políticas inclusivas y preventivas que atiendan las necesidades reales de nuestros niños y adolescentes, y a mantenernos vigilantes frente a cualquier medida que pueda poner en riesgo su bienestar.